La filial mexicana de Transparencia Internacional, una ONG que lleva a cabo la valiosísima tarea de vigilar y combatir la corrupción, acaba de publicar los resultados de una encuesta a la población general sobre la corrupción. En todos los medios se resumen los resultados (aquí hay un ejemplo). El más destacable es que la frecuencia de actos de corrupción en los servicios públicos bajó 20% entre el 2001 y el 2003.
Es una excelente noticia. Sin duda, refleja el avance de la democracia en el país en términos de una mayor competencia política. A lo largo de las últimos tres años, quedó muy claro que la posibilidad de alternancia es real en todos los estados del país y en un porcentaje muy alto de municipios (incluso en viejas reservas de votos priístas como Chiapas y Tabasco). Ese es quizá el incentivo más fuerte para que los gobiernos estatales y municipales combatan la corrupción: partido que no da buenos resultados es un partido que pierde.
Esto último me lleva a matizar uno de los resultados de la encuesta que más llamó la atención: el ordenamiento de los municipios en términos de la frecuencia de la corrupción. En general, es un indicador muy engañoso. Por ejemplo, resulta que Baja California Sur (que junto con Quintana Roo, Colima, Hidalgo y Aguascalientes son los que menor corrupción presentan) es seis veces menos corrupto que el D.F. (de los más corruptos, junto con Pueba, el Edo. México, Durango y Guerrero).
En algunos casos, el rankeo de Transparencia sin duda refleja cuán corruptos son los funcionarios públicos. Pero me parece que son resultados un tanto sesgados. La encuesta muestra claramente que las infracciones vehiculares son las instancias donde la corrupción se presenta con más frecuencia (en algunos casos, en más del 50% de los casos). Me parece obvio que el D.F. está en los lugares más altos simplemente porque la densidad vehicular es mayor (ojalá que alguien pueda hacer los ajustes relevantes, yo no tengo suficientes datos).
Pero al mismo tiempo, el hecho de que Guerrero sea tres veces más corrupto que Chiapas, cuando ambos estados presentan niveles socioeconómicos similares, sin duda refleja las deficiencias en la administración pública del primero. Claro, además muestran que la transición política en Chiapas ayudó a reducir la corrupción (su frecuencia bajó casi 40%), mientras que el hecho de que el PRI no ha perdido jamás el gobierno estatal en Guerrero sin duda ayuda poco.
Ante esas consideraciones, de todas formas llama la atención que la incidencia de corrupción bajó en 22 estados, dramáticamente en algunos casos, y sólo subió en 11 (con alzas muy importantes en Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí y Durango).
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