La Organización Mundial de Comercio determinó que las tarifas que impuso el gobierno estadounidense a las importaciones de acero son ilegales y los países afectados ahora pueden imponer sanciones equivalentes a productos de ese país (ver nota). Vale la pena examinar a fondo este caso.
Cualquier economista digno de su título sabe que las medidas para restringir el comercio internacional son, casi sin excepción, dañinas para el bienestar de un país. A pesar de eso, los políticos las adoran, ya que es un medio relativamente fácil para mostrar que se está haciendo algo a favor de una industria nacional("conservo puestos de empleos"), mientras que "sólo" se fastidia a forasteros distantes que no votan. George Bush no es la excepción. Hace un par de años impuso tarifas a las importaciones de acero provienientes del extranjero (exentó a México y Canadá por el TLC, así como a unos cuantos países).
Según su gobierno, esta medida era requerida para dar tiempo a la industria siderúrgica estadounidense para consolidarse y recuperarse de sus problemas financieros. Estos son enormes, ya que las viejas empresas siderúrgicas, como Bethlehem, US Steel, etc., no son muy competitivas (otras más recientes, como Nucor, son muy eficientes)y además tienen que cubrir el costo de las pensiones y gastos médicos de cientos de miles de trabajadores jubilados. Sin apoyo estatal, lo más probable es que casi todas quebrarían (varias lo han hecho), lo cual le costaría dinero y popularidad al gobierno. Si además tomamos en cuenta que la vieja industria siderúrgica se concentra en estados electoralmente importantes como Ohio, Pennsylvania y Virginia Occidental, la tentación de imponer tarifas de hasta 30% a las importaciones fue irresistible.
Al parecer, los resultados de esta política son malos, en buena medida porque las tarifas elevaron el precio del acero, lo cual perjudica a las industrias que emplean este producto, muchas de las cuales, como la automotriz, también enfrentan problemas serios. Pero quienes verdaderamente pagan el pato son los consumidores, ya que pagan precios más altos. Además, es una medida que no resuelve el problema de fondo: los costos de los trabajadores jubilados, ya que incluso una mejora importante en la eficiencia de las empresas beneficiadas por el proteccionismo dificilmente alcanzará para ese fin. En ese sentido, tiene más lógica que el gobierno apoye directamente a esos trabajadores en lugar de hacerlo por una vía ineficiente, dañina y aque ahora amenaza desatar una guerra comercial.
lunes, noviembre 10, 2003
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