Cuando los mercados fallan.....

¿Qué tienen en común los médicos, los corredores de bolsa y los agentes de seguros? En principio, no mucho. Pero el más reciente escándalo corporativo en Estados Unidos confirma que estos tres grupos tienen un poderoso vínculo: enfrentan serios conflictos de intereses que los llevan a utilizar prácticas corruptas.

Para los que no han estado muy despiertos los últimos días, el procurador de justicia de Nueva York, Eliot Spitzer, entabló una demanda judicial contra Marsh & McLennan, el corredor de seguros más grande de Estados Unidos. En esencia, Spitzer acusa a M&L de perjudicar a sus clientes al manipular los procedimientos de compra de seguros para favorecer a ciertas aseguradoras, que a su vez pagaban a M&L comisiones de "incentivo" por recibir los contratos. Al parecer, esta demanda es la punta del proverbial iceberg, ya que hay investigaciones en curso que afectarán a toda la industria.

La cantidad de dinero en cuestión es enorme. Cabe notar que tanto en EUA como en Europa las primas brutas de seguros suman alrededor de 10% del PIB (los datos están aquí). Sólo en EUA, estamos hablando de casi 1.2 billones de dólares.

¿Suena familiar el escándalo? Lo es. Como todos recordamos, el mismo Spitzer demandó a varias corredurías estadounidenses hace un par de años porque éstas emitían recomendaciones de compra de valores a sus clientes, supuestamente fundamentadas en análisis imparcial, pero que en la práctica estaban orientadas a que los inversionistas compraran valores de empresas que a su vez pagaban jugosas comisiones de banca de inversión a la misma correduría.

Es exáctamente el mismo escándalo: un intermediario que supuestamente debería actuar en el mejor interés de los compradores de un producto en realidad los perjudica porque recibe dinero de los vendedores para favorecer ciertos productos.

Hay más ejemplos. En países como EUA o México, donde prevalece la medicina privada para ciertos segmentos de la población, los médicos enfrentan conflictos de interés similares. En teoría, se supone que deben velar por el mejor interés del paciente. Pero, en primer lugar, con alarmante frecuencia ordenan procedimientos o tratamientos innecesarios porque saben que las aseguradoras los cubrirán sin hacer demasiadas preguntas (el costo superfluo lo absorbe el paciente pagando primas cada vez mayores en seguros médicos). Asimismo, los médicos suelen recetar medicamentos de las farmaceúticas que, a cambio, les ofrecen "incentivos" para ese efecto, incluso cuando hay genéricos perfectamente aceptables de menor costo o mejores alternativas.

¿Qué tienen en común los tres casos? O visto de otra forma, ¿por qué fallan tan espectacularmente estos tres mercados?

Sin duda, un elemento es su complejidad. Los pacientes no saben mucho de medicina, la gran mayoría de los ahorradores no tiene mucha idea de finanzas y los compradores de seguros con frecuencia no conocen bien los riesgos contra los que buscan protegerse o no entienden las complejas pólizas de seguros (cabe notar que, además, en muchos tipos de seguro no hay estandarización en las pólizas, lo cual impide la compración fácil). Todo esto facilita las conductas abusivas.

También hay que destacar la falta de información. Por ejemplo, hace unos años no era sencillo saber si mi corredor, que me recomendaba una acción, también tenía vínculos de otro tipo con la empresa emisora. Lo mismo aplica en el mundo de los seguros o la medicina.

Claro, sí hay otro lado de la moneda. Por ejemplo, las cuotas de banca de inversión subsidiaban al análisis, que por más sesgado que fuera, tenía valor para el inversionista. Asimismo, los "incentivos" de las farmaceúticas a los médicos con frecuencia toman la forma de viajes a congresos o eventos similares, que los ayudan a estar al tanto de los avances en este campo.

Me parece obvio que las fallas en estos mercados son tan grandes que se justifica la intervención estatal para proteger al consumidor. Pero como no son cuestiones de blanco y negro (aunque el negro pesa más), en principio, estas intervenciones se deben centrar más en aumentar la transparencia que en prohíbir totalmente las prácticas en cuestión (aunque en ciertos casos quizá sea la mejor solución).