Desde que tengo memoria, todo mundo sabe que el gobierno necesita recaudar más impuestos. Actualmente, los pagos de impuestos representan menos de 15% del PIB, lo cual nos pone a la par de luminarias como Paraguay y Honduras. La lista de necesidades del paÃs es inmensa: educación, infraestructura, etc. Pero por más que se hable del tema, no pasa nada. Las últimas noticias indican que las probabilidades de que se aprueben cambios importantes en materia fiscal son casi nulas. Ahora tendremos que esperar a la Convención Nacional Hacendaria, que supuestamente tomará lugar a principios del 2004, para que existan los acuerdos necesarios. Claro, nadie asegura que los habrá.
La demora representa un costo, no sólo en dinero. Por ejemplo, sin reforma fiscal no podrá haber reforma energética. Basta recordar que tanto Pemex, CFE y LyFC necesitan miles de millones de dólares simplemente para modernizarse, y otros tantos para seguirle el paso al crecimiento de la demanda. Como no se van a privatizar, ese dinero tendrá que salir de las aportaciones que hacen a la hacienda pública. Por razones obvias, ese hueco tendrá que ser tapado con una mayor recaudación.
Este tema da para mucho. Hoy se publicó un editorial de Carlos Elizondo, rector del CIDE, en Reforma que nos recuerda otra arista del problema: el marco fiscal está lleno de disparidades, en la forma de exenciones, regÃmenes especiales, etc. No sólo eso: cada vez que puede, el poder judicial está desechando partes de él por violar el principio constitucional de proporcionalidad y equidad. En otras palabras, se necesita un marco jurÃdico más sólido y parejo, lo cual implica que la reforma es necesaria incluso si se deja a un lado el tema de la recaudación.
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